Categoría: Publicaciones

Con la entrada en vigor del RDL 3/2012 (Reforma Laboral), se introdujo un matiz en la redacción del artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores que supuso la incorporación del concepto “la jornada de trabajo diaria”.

La redacción actual del artículo recoge:

“5. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla”.

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Tras la reforma del Código Penal, su artículo 31 bis introduce determinadas modificaciones en supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así, se amplía considerablemente el círculo de imputación de responsabilidad cuando los hechos que se reputen como delitos, se cometan ya no solo por los administradores de hecho y/o derecho, sino también por los representantes legales o por aquellos que como integrantes de un órgano de la persona jurídica, estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la sociedad u ostenten facultades de organización y control dentro de la misma.

Conforme a lo anterior, es innegable que cualquiera puede errar en la toma de decisiones. Si bien, lo que no es admisible es que la iniciativa de negocio o las circunstancias sobrepasen el buen hacer y rocen una actuación temeraria alcanzando su calificación como delictiva.

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El pasado día 27 de octubre de 2015, este despacho profesional nuevamente ha tenido ocasión de comunicarle a uno de sus clientes afectados por la suscripción de Acciones de Bankia, que su demanda ha sido ESTIMADA. La Sentencia aunque sintética es muy contundente, contestando a cada alegación vertida por la representación legal de Bankia, con […]

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La mayoría de las empresas se enfrentan a una difícil decisión a la hora de elegir el modo de organizar la gestión y la representación de la sociedad, pudiendo optar, entre otros modelos, por un Administrador persona física o persona jurídica.

El artículo 212 bis de la Ley de Sociedades de Capital establece que:

“1. En caso de ser nombrado administrador una persona jurídica, será necesario que ésta designe a una sola persona natural para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo”.

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Mediante el presente artículo queremos acercarle las cuestiones que pueden ser de su interés atendiendo a la reciente reforma fiscal, introducida por la promulgación de distintas leyes publicadas todas ellas en el B.O.E. el 28 de noviembre de este año, en concreto:

– Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2004, de 5 de marzo y otras normas tributarias.

– Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades.

– Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor añadido, la Ley 20/1991 de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de  28 de diciembre de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013. De 29 de octubre.

 

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Tanto si ha sido afortunado en el presente sorteo de la Lotería de Navidad, como si no, siempre le serán útiles las curiosidades que le comentamos a continuación:

– Sobre la Fiscalidad de los Premios.

Es conocido por la mayoría que desde el 1 de enero de 2013, todos aquellos premios superiores a 2.500 euros, están sujetos a retención por parte de la Agencia Tributaria. Esa retención que corresponde al 20% del premio, no la tendremos que ingresar mediante una liquidación concreta o a través de nuestra declaración del IRPF, sino que el premio se nos abonará por la entidad financiera habilitada directamente con el descuento de la retención, de manera tal que si el Gordo de la navidad es de 4 millones a la serie, y nosotros fuéramos agraciados con toda la serie lo que se nos entregaría sería la cantidad de 3.200.500 euros, teniendo en cuenta que los primeros 2.500 están exentos.

Por otro lado, tendremos que tener en cuenta que dependiendo de lo que queramos hacer con nuestro premio, habrá que declarar una cosa u otra, por ejemplo los intereses de depositarlo en una entidad.

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           Los accionistas que se hayan visto afectados por la adquisición de acciones de Bankia que han supuesto un perjuicio en su patrimonio, aún están dentro del plazo legal para demandar y obtener mediante Sentencia Judicial el derecho a que la entidad le devuelva el total de su inversión que seguramente a estas alturas se habrá visto más que mermada.

          Las causas para solicitar la devolución son muy parecidas a las que ya avanzamos en otros artículos sobre las preferentes, engaño al consumidor, engaño sobre la situación financiera real de entidad, incumplimiento de los mínimos requisitos para la contratación de estos productos, falta de firmas, etcétera, son las más comunes.

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Desde que en 1999 Europa estableciera mediante directiva la prohibición de discriminación  salarial entre los funcionarios de carrera e Interinos  y España transpusiera  en Mayo de 2007 la citada directiva, mediante el Estatuto Básico del Empleado Público, (EBEP) y reconociera en su artículo 25 el devengo de trienios a este colectivo, los interinos tienen derecho al mismo.

Este asunto incluso llego al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el cuál en la sentencia de 13 de Septiembre de 2007 se los reconoce a una trabajadora respecto a su administración autonómica donde ella prestaba servicios como interina.

Pese a todo esto, la administración autonómica se muestra beligerante con el reconocimiento pleno de los derechos interinos vs personal de carrera, hace caso omiso a lo que la directiva impide; el establecimiento de una diferencia de trato entre trabajadores con un contrato de duración determinado y trabajadores fijos que esté justificada por la mera circunstancia de que esté prevista por una disposición legal.

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